Hemisferio
El Gobierno de Colombia defiende el decreto 1525 de De la Espriella sobre las protestas
Título original
El Gobierno le habla a la Patria: La autoridad es la mayor garantía de los derechos humanos
Alocución del Gobierno colombiano en el espacio «El Gobierno le habla a la Patria». Defiende el decreto 1525 firmado por el presidente Abelardo de la Espriella, el derecho a la protesta pacífica y el uso de la fuerza frente a actos violentos.
25 de octubre de 2026
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«El diálogo seguirá siendo la herramienta principal» del Gobierno con quien marcha en paz
Defensa del decreto 1525 expedido por Abelardo de la Espriella: según el Gobierno colombiano, poner reglas al orden público no limita la protesta ni cierra los espacios de diálogo.
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«Con el terrorismo urbano y con el crimen no se dialoga»
El Gobierno colombiano sostiene que no cabe concertar con quien incendia un bus o bloquea una ambulancia y que la norma protege a los manifestantes pacíficos al aislar a los violentos.
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Los derechos humanos no son propiedad exclusiva de quien sale a la calle a protestar
El Gobierno colombiano afirma que la madre cabeza de familia, el comerciante y quien no marcha también tienen derechos, y rechaza que poner orden sea autoritarismo.
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Colombianos, a propósito de la recientes movilizaciones, hemos escuchado algunas voces afirmando que ponerle reglas
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claras al orden público es un límite a la protesta o que exigir el cumplimiento de la ley reduce los espacios de
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diálogo. Hoy queremos invitarlos a que veamos esto con la sensatez que requiere
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el país. En una verdadera democracia, la autoridad y los derechos humanos no son enemigos. De hecho, no puede existir el
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uno sin la existencia del otro.
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Comenzamos.
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Para despejar cualquier duda y dejar sin argumentos a quienes insisten en encontrarle excusas o justificación al
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desorden, hay que hacer una pedagogía muy sencilla sobre lo que significa realmente el estado de derecho. Se ha
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querido instalar la narrativa de que el decreto 1525, recientemente expedido por el presidente Abelardo de la Esplieella
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para proteger las ciudades dificulta el manejo de las marchas porque supuestamente restringe el diálogo antes
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del uso legítimo de la fuerza. Vamos a aclarar esto con absoluta serenidad, pero con total firmeza. El diálogo es y
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seguirá siendo la herramienta principal de este gobierno para escuchar al ciudadano que marcha en paz, al
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estudiante, al trabajador, al líder social que levanta su voz con respeto.
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El Estado lo protege, lo acompaña y se sienta a escucharlo las horas que sean necesarias.
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Ese es el verdadero derecho a la protesta. Pero lo que un país viable no puede tolerar es que se confunda la
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tolerancia democrática con la debilidad institucional. A quienes sugieren que hay que priorizar el diálogo frente a
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los violentos, hay que responderles con una realidad ineludible. Con el terrorismo urbano y con el crimen no se
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dialoga. se les aplica todo el peso y el imperio de la ley. Usted no puede sentarse a hacer una mesa de
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concertación con quien está incendiando un bus de transporte público o con quien tiene bloqueada una ambulancia poniendo
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en riesgo la vida de un paciente. Usted no le dice por favor a quien está destruyendo a piedra el negocio de una
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familia trabajadora.
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Exigirle al Estado que se cruce de brazos y dialogue mientras se comete un delito a plena luz del día no es defender los derechos humanos de ninguna
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manera, es garantizarle impunidad a los violentos. Este decreto no dificulta el manejo de la protesta, todo lo
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contrario. Le quita la zona gris a las autoridades, les dice a nuestros policías y a los mandatarios locales
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exactamente dónde termina el derecho constitucional del manifestante y dónde empieza el código penal. Al aislar y
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neutralizar al violento, a los primeros que estamos protegiendo es a los mismos marchantes legítimos. que muchas veces
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ven su causa manchada por un puñado de vándalos. Y hay un punto fundamental que a veces a ciertos sectores se les
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olvida. Los derechos humanos no son propiedad exclusiva de quien sale a la calle a protestar. La madre cabeza de
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familia que necesita llegar a su trabajo para llevar comida a su casa también tiene derechos humanos. El comerciante
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que madrugó a abrir su local con esfuerzo tiene también derechos humanos.
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La gente que no marcha y que sale y quiere vivir en paz también es sujeto de esos derechos humanos y es obligación
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ineludible del Estado protegerlos a todos, no solo a quienes gritan más fuerte. No caigamos en el falso dilema
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de creer que poner orden es autoritarismo. La autoridad legítima es de hecho, la única barrera que evita que
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el ciudadano de a pie sea aplastado por los violentos.
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Entender que la ley es el escudo de la gente de bien y que el Estado está para proteger la vida y el trabajo de las
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mayorías sin complejos ni excusas, también es estar cada vez más cerca de la patria Milagro.