Richard Caicedo Rico, presidente del ICETEX, presenta un informe sobre la gestión de la administración anterior. Habla de la caída de créditos de 70.000 a 10.621 y anuncia denuncias ante la Contraloría y la Procuraduría.
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Los créditos del ICETEX cayeron de 70.000 en 2024 a 10.621 en 2025 tras recortes de 1,75
La nueva presidencia del ICETEX expone los resultados de la revisión de contratos de los últimos cuatro años y advierte que se comprometieron recursos en proyectos inviables.
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Un estudio de 534 millones concluyó que el ahorro educativo del ICETEX no es viable
Se detalla que tres contratos asociados al programa de ahorro educativo voluntario siguieron adelante pese a que la consultoría contratada descartó cualquier escenario de sostenibilidad financiera.
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48.700 millones pagados por una plataforma tecnológica de un producto sin reglamento aprobado
Se denuncia que la administración anterior del ICETEX pagó más de la mitad de un contrato de tecnología a cinco años y comprometió fondos sin aval de la Superintendencia Financiera ni de la Junta…
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Los contratistas del ICETEX subieron 80% y el gasto en contratos más del 140%
Se anuncia la entrega de un informe sobre presuntas irregularidades contractuales y posible detrimento patrimonial a los organismos de control, junto a medidas de austeridad en la entidad.
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Colombianos, desde que asumí la presidencia del ICETEX el pasado 18 de agosto, solicité a mi equipo de trabajo
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revisar cada contrato e identificar el destino de los recursos de los últimos 4 años.
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La transparencia con el dinero de la educación y los proyectos de vida de los jóvenes colombianos no es negociable.
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Los hallazgos son delicados y requieren la investigación pronta y oportuna de los organismos de control.
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En 2 años, la entidad sufrió recortes cercanos a 1.75 billones de pesos y los créditos
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aprobados pasaron de 70,000 en 2024 a 10,621
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en 2025.
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Además, se eliminaron en 2026 los recursos del subsidio a la tasa, afectando a cerca de 200,000 jóvenes
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colombianos.
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Hoy queremos hablarles de frente y recuperar la confianza y construir juntos el ICETEX del futuro,
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el ICETEX de la patria milagro. La crisis financiera se agrava al ratificar que en medio del
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desfinanciamiento se comprometieron millonarios recursos en proyectos que eran inviables.
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Se trata de la implementación de una cuenta de ahorro educativo voluntario, un producto regulado bajo el decreto
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1375 de 2018, que prometía modernizar el portafolio de la entidad y permitirle a
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las familias colombianas ahorrar pensando en la educación de sus hijos, un propósito que merece toda nuestra
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atención. Sin embargo, al revisar la cronología de su contratación, encontramos una presunta inobservancia
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a los principios elementales de planeación y viabilidad financiera.
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El primer hallazgo está en los propios estudios técnicos.
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Y es que se contrató una firma por más de 534 millones para evaluar la factibilidad
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del proyecto.
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Las conclusiones de este estudio, entregadas desde septiembre de 2025, fueron categóricas. Señalaron que este
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programa de ahorro educativo voluntario no es viable ni factible.
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No existe un solo escenario de modelación financiera que garantice su sostenibilidad.
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En otras palabras, los ingresos que generaría el programa no alcanzarían para cubrir los gastos de dicha
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operación, poniendo en riesgo los recursos de la entidad.
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Entonces, la pregunta que queda, ¿de qué sirve el desembolso de recursos para el desarrollo tecnológico si los
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estudios técnicos ya advertían que el producto pone en riesgo el patrimonio de la entidad?
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Hasta el momento, la administración anterior comprometió cerca de 83,770 millones de pesos en tres contratos
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asociados a este proyecto: el estudio de factibilidad, la estructuración jurídica del reglamento y el desarrollo
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tecnológico. Lo que enciende las alarmas es que el contrato de tecnología, previsto para 5 años, en menos de 1 año
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ya registra entregas por más del 50% de su valor, unos 48,700
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millones de pesos, para una plataforma de un producto que no puede salir al mercado porque no es viable y no cuenta
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con un reglamento aprobado.
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A pesar de las advertencias del estudio, la administración anterior continuó comprometiendo y pagando recursos sin
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que el proyecto tuviera viabilidad.
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Hay otros datos preocupantes. La administración anterior también suscribió un contrato por 238 millones
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de pesos para la estructuración jurídica del reglamento de este proyecto. Se realizaron pagos parciales sin que
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exista una evidencia de que el reglamento haya sido radicado o aprobado por la Superintendencia Financiera de Colombia.
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Además, sin contar con viabilidad financiera ni aval regulatorio, se firmó un contrato cercano a los 83,000
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millones de pesos para desarrollo tecnológico. También se comprometieron recursos del Fondo de Pasivos
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Contingentes sin que se evidencie una autorización de la Junta Directiva. La administración anterior giró recursos y
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dejó amarrados contratos en tecnología y asesorías para un producto que los propios estudios calificaron como
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inviable.
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Como si fuera poco, mientras la colocación de los créditos para los estudiantes caía a sus mínimos históricos y los
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recursos propios se amarraban en proyectos insostenibles, encontramos otra anomalía, un desmedido
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incremento de la contratación por prestación de servicios y gastos administrativos.
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Entre 2022 el número de contratistas de la entidad aumentó en un 80%
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costándole a los colombianos más de 70,000 millones de pesos durante el último año, es decir, el gasto en
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contratos tuvo un incremento de más del 140% es inaceptable que mientras las familias
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colombianas pedían soluciones de crédito y financiamiento el gasto interno en
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burocracia siguiera aumentando.
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Estamos trabajando con especial foco en corregir esta desmedida contratación siguiendo una línea de gasto eficiente y
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un principio de austeridad ordenado por el señor presidente de la república y por el ministerio de hacienda y crédito
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público porque no vamos a tolerar que la entidad se convierta en un fortín de gasto burocrático en detrimento de
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nuestros jóvenes beneficiarios en especial de aquellos que más necesitan del crédito educativo.
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Frente a estos hechos como presidente del ICETEX mi compromiso es cuidar los
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recursos destinados a las oportunidades de los jóvenes colombianos poniéndole freno a proyectos sin sustento técnico.
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Por esta razón pondré formalmente en conocimiento de la contraloría general de la república y de la procuraduría
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general de la nación este informe detallado sobre presuntas irregularidades contractuales y posible
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detrimento patrimonial. Exigimos que se adelante una investigación rigurosa que determine las responsabilidades fiscales
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disciplinarias y penales a las que haya lugar. Los recursos públicos en la
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patria milagro son sagrados y quienes estén detrás de estas decisiones deben responder ante el país.