29.000 hectáreas delimitadas en Santurbán y 140.000 millones del Fondo Igualdad a una empresa
Casos expuestos: resoluciones de Santurbán un día antes de entregar el gobierno, más de 200 bocaminas ilegales y contratos del Fondo Igualdad calificados como riesgo crítico por la Contraloría.
El vídeo
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Lo que se dice
de 2022 y en adición acumulación preocupante de vencimientos en 2026, 2029 y 2030. Este es un golpe silencioso al bolsillo de los colombianos que terminarán recibiendo menos presupuesto nacional para propósitos sociales, dada su destino a pagar más deuda e intereses de deuda pública. Fragmentación del Estado y fracaso de la conducción estratégica. Santurbán. A tres semanas de dejar el poder y un día antes de entregar el gobierno, el Ministerio de Ambiente expidió resoluciones que delimitaron apenas 29,000 haáreas del páramo, desconociendo un fallo de la Corte Constitucional. Persisten más de 200 bocaminas ilegales de mercurio y arsénico contaminado la fuente hídrica de 2.5 millones de colombianos. Justamente por ello, la Procuraduría ya abrió expedientes disciplinarios contra los responsables. Captura contractual y concentración del poder operativo Fon Igualdad. 140,000 millones pagados a una sola empresa temporal sin soporte de que el personal contratado cumpliera la finalidad del fondo. La Contraloría calificó el riesgo como estado crítico. Mientras la entidad se liquidaba, se siguieron firmando contratos por 68,000 millones de pesos adicionales. Eso no es política social, eso es apropiación del aparato del Estado por unos pocos con nombre y apellido propio. Capacidad fiscal restringida. La desfinanciación del programa Colombia mayor entre agosto y diciembre del 2026. Agotaron en julio del 2026 el presupuesto asignado para todo el año para nuestros 3 millones de adultos mayores. No dejaron planes de contingencia al haber propuesto coberturas sin sustento financiero. Esto fue poner en riesgo la población vulnerable y demuestra indolencia frente al que menos tiene. Destrucción del rigor técnico, la cancillería. 785 contratos por 83,000 millones firmados antes de ley de garantías, degradando los requisitos para representar a Colombia en el exterior, incluida la eliminación del requisito de segundo idioma. En paralelo, 8,500