El ciudadano tiene derecho a perder una elección, pero jamás a que se le arrebate el voto

Lo que se dice

reconoce. En ese orden de ideas, respetados magistrados, unas elecciones limpias son la fuente máxima de la legitimidad del poder democrático. Nada, absolutamente nada, sustituye la decisión de unos ciudadanos expresada libremente en las urnas. El gobernante puede recibir el aplauso, contar con el respaldo de grandes sectores de la comunidad, de la sociedad, pero es precisamente la fortaleza en nuestro sistema electoral, lo que le da la posibilidad a ese gobernante de tener ese apoyo, porque sin esa legitimidad del respeto por el voto, el poder del gobernante es nulo, desaparece. Pero tampoco puede existir, queridos magistrados, una democracia sana si después de una elección queda extendida entre vencedores y vencidos la sospecha de que los resultados no corresponden realmente a lo que quisieron expresar las urnas. Señores magistrados, el ciudadano tiene derecho a perder una elección, pero jamás tiene derecho a que se le arrebate el voto en las urnas. No se le puede obligar a que su voluntad sea cambiada bajo ninguna circunstancia. Ahí es donde comienza la enorme responsabilidad de la organización electoral y especialmente del Consejo de Estado, del Consejo Nacional Electoral, perdón. Hace pocos días escuchamos con estupor al señor procurador general que está aquí afirmar que en algún momento llegó a estar en riesgo el cumplimiento