El vocero del Gobierno Nacional de Colombia interviene en la alocución 'El Gobierno le habla a la Patria'. Expone la reforma del trámite de consulta previa y cita el caso del Muelle 13 en Buenaventura.
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Colombianos, muy buenas noches. Este es un gobierno que habla claro, decide con
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firmeza y actúa por Colombia.
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Comenzamos.
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Menos burocracia, más desarrollo y más garantías para las comunidades. Para entender este cambio, hay que empezar
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por lo más básico. Cuando en Colombia se requiere construir una carretera, ampliar un puerto, desarrollar un
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proyecto de energía, hidrocarburos o una gran obra de infraestructura, el Estado debe revisar varias cosas antes de que
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ese proyecto pueda avanzar. Una de ellas es la licencia ambiental. Eso, ¿qué
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significa? que la autoridad ambiental estudia si el proyecto puede afectar ríos, bosques, fauna, suelo, aire o
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ecosistemas y determina si puede realizarse y bajo qué condiciones. Pero existe además otro procedimiento
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diferente, la consulta previa. La consulta previa es un derecho de las comunidades indígenas, negras,
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afrocolombianas, raizales, palenqueras y romarlas
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directamente.
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En palabras sencillas, si una obra puede impactar directamente a una comunidad étnica, esa comunidad tiene derecho a
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ser escuchada y a participar antes de que se intervenga materialmente su territorio. Ese derecho no desaparece,
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se protege. Lo que el gobierno quiere es transformar la burocracia que se ha construido alrededor de ese
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procedimiento.
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Hoy, aunque la licencia ambiental y la consulta previa son trámites distintos adelantados por autoridades diferentes y
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con objetivos diferentes, en la práctica, pueden terminar dependiendo uno del otro, generando retrasos e
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incertidumbre para proyectos fundamentales para el país. Por eso el cambio es sencillo profundo.
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La consulta previa no se acaba, se transforma para hacerla más clara, más eficiente y más garantista. La propuesta
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es que la licencia ambiental y la consulta previa puedan avanzar de manera paralela y autónoma. Mientras la
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autoridad ambiental estudia los efectos ambientales de un proyecto, la autoridad de consulta previa puede determinar si
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existe una afectación directa sobre una comunidad y adelantar su propio procedimiento.
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Así, la consulta previa dejaría de ser un requisito que impida iniciar, evaluar o decidir una licencia ambiental. Pero
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hay algo fundamental. Una licencia ambiental no será un permiso para atropellar a las comunidades. Si existe
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una afectación directa, las obras materiales en ese territorio no podrán ejecutarse hasta que se hayan cumplido
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las garantías correspondientes de la consulta previa. Eso significa algo muy concreto.
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Se destrava el trámite, pero se mantienen los derechos. Se elimina burocracia, pero no se eliminan garantías. Se hace más eficiente el
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Estado, pero las comunidades siguen primero. Y hay otro cambio importante.
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El gobierno quiere que sea mucho más claro determinar cuándo realmente procede una consulta previa. Por eso se proponen mejores mecanismos de
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información, publicidad, participación de las comunidades, decisiones motivadas, posibilidad de presentar
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recursos tras habilidad y mayores controles. Porque proteger a las comunidades también significa darles
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certeza, que sepan cuándo procede una consulta, cómo pueden participar, qué autoridad decide y bajo qué razones.
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Pero Colombia también necesita avanzar.
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Cuando una carretera, un puerto, una obra energética o un proyecto estratégico queda atrapado
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indefinidamente en trámites, no solamente pierde una empresa, pierde la gente, pierde la comunidad que necesita
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una vía, pierde el joven que necesita empleo, pierde la familia que necesita mejores servicios públicos, pierden las
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regiones que necesitan inversión, conectividad y oportunidades.
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Por eso la lucha contra la burocracia también es una lucha por las comunidades y por el desarrollo del pueblo colombiano. Un ejemplo concreto es el
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terminal Muelle 13 en Buenaventura.
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Mediante la resolución STC-1253 del 31 de agosto de 2026,
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la dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa determinó que para las características técnicas y coordenadas
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específicas presentadas en este proyecto, no procede consulta previa con comunidades indígenas, negras,
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afrocolombianas, raizales, palenqueras nirón. ¿Qué significa eso? De ninguna manera que la gente de Buenaventura
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pierda sus derechos. Significa que la autoridad estudió ese proyecto específico con esas características y
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esas coordenadas y determinó que en esas condiciones no existe una afectación directa que haga necesaria la consulta
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previa. Y si durante el desarrollo del proyecto aparece una posible afectación directa sobre una comunidad, deberá
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informarse a la autoridad para que sea evaluada.
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Ese es el estado que Colombia necesita.
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Un estado que escuche a las comunidades, proteja sus derechos y las ponga en el centro, pero también un estado eficiente
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que tome decisiones y que no permita que la burocracia condene al país a la inercia. No tenemos que escoger entre
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comunidades y desarrollo. Podemos protegerlos a ambos.
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más derechos, más claridad, más eficiencia, menos burocracia y más proyectos capaces de transformar la vida
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de nuestra gente. Seguimos gobernando con carácter, autoridad y resultados, cada día más cerca de la patria Milagro.
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Firmes por la patria.