Hemisferio
Abelardo de la Espriella termina nueve procesos de diálogo con grupos armados en Colombia
Título original
El Gobierno le habla a la Patria: Terminan procesos
Alocución del Gobierno colombiano sobre las decisiones del presidente Abelardo de la Espriella. Se anuncia el fin de mesas de negociación, el gasto de más de 7.000 millones de pesos en honorarios y la vía del sometimiento a la justicia.
14 de septiembre de 2026
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Fin a nueve procesos de diálogo con grupos armados y 7.000 millones de pesos en honorarios
Se anuncia la terminación de nueve procesos de diálogo, espacios sociojurídicos y zonas de ubicación temporal creados por la administración anterior, con el detalle del gasto en voceros y…
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Sin negociación con estructuras criminales: solo sometimiento a la justicia o fuerza pública
Se enumeran las mesas terminadas desde el 7 de agosto de 2026, entre ellas las del Estado Mayor de los Bloques, Comuneros del Sur y bandas de Medellín, Quibdó y Buenaventura.
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No habrá más diálogos usados para ganar tiempo o fortalecer estructuras criminales
Se presenta la nueva hoja de ruta: protección de la población civil, respaldo a la fuerza pública y una paz basada en seguridad, justicia y sometimiento.
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Colombianos, presidente Abelardo de la Piella anunció la terminación de nueve procesos de diálogo, espacios de conversación
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sociojurídica y zonas de ubicación temporal que habían sido establecidos durante la administración anterior.
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La decisión marca un cambio en la política de seguridad y paz del país y ratifica que el presidente de la
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Esplieella cumplió una de sus promesas de campaña. Poner fin a lo que su
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administración califica como una política de concesiones y beneficios para grupos terroristas, organizaciones
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criminales y otros actores ilegales.
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De acuerdo con este gobierno, durante los últimos 4 años esas estructuras incrementaron sus acciones contra la
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población civil, las fuerzas militares y y la policía, mientras avanzaban los acercamientos con representantes del
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Estado.
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La administración del presidente Abelardo de la Espieella sostiene que los grupos armados aprovecharon los
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espacios de diálogo para fortalecer su presencia. territorial, aumentar su capacidad criminal y desafiar a las
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instituciones de seguridad y de justicia. Los recursos destinados por el Estado a estos procesos, según la
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información entregada a este gobierno durante la administración anterior, se pagaron más de 7000 millones de pesos en
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honorarios para voceros, representantes y negociadores.
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Esta cifra, señala el presidente de la Espiella, no incluye otros gastos asociados a esquemas de seguridad,
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viáticos, zonas de ubicación y logística, o sea, recursos que también fueron financiados con los impuestos de
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los colombianos. Frente a este panorama, el presidente fijó una posición muy clara. Este
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gobierno no negociará con estructuras criminales mientras continúen utilizando la violencia, el narcotráfico y la
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extorsión para imponer sus condiciones en los territorios. La nueva política establece que el camino para los
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integrantes de estos grupos al margen de la ley será solamente el sometimiento a la justicia o el enfrentamiento con la
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fuerza pública dentro del marco de la ley y de la Constitución. Los procesos terminados desde el 7 de agosto de 2026
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incluyen la mesa de diálogos con el Estado Mayor de los bloques Magdalena Medio,
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Gentil Duarte, Jorge Suárez Briseño y el Frente Raúl Reyes. También fue terminada la mesa de conversaciones con la
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Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano y el proceso con el Frente Guerrillero Comuneros del Sur. La
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decisión cobija además los espacios de conversación sociojurídica con las autodefensas conquistadores de la Sierra
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Nevada, con estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto de Medellín y el área metropolitana del Valle de Aburrá, conocidas por el
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llamado Tarimazo y con organizaciones criminales de Kipdó y de Buenaventura.
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Con estas determinaciones, el presidente de la Espiella busca reorientar la política de seguridad nacional y recuperar la autoridad del
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Estado en las regiones donde operan grupos armados y organizaciones del crimen organizado. La decisión también
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envía un mensaje a las comunidades. El gobierno asegura que la protección de la población civil, el respaldo a la fuerza
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pública y la defensa de la institucionalidad serán prioridades de esta administración. El gobierno
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nacional afirma que Colombia necesita una paz real basada en la seguridad, la justicia y el sometimiento de quienes
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persisten en la violencia. Para el presidente de la Espieella no habrá más espacios de diálogo utilizados para
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ganar tiempo, fortalecer estructuras criminales o evadir la responsabilidad ante la justicia.
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Esta es la nueva hoja de ruta de nuestra administración.
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Firmeza frente a los grupos armados, respaldo a las instituciones y defensa del territorio nacional. Por eso estamos
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cada vez más cerca de la patria Milagro.