Alocución del Gobierno de Colombia en el espacio 'El Gobierno le habla a la Patria'. Se abordan la liquidación del Ministerio de Igualdad, la Directiva Presidencial 02 y la vigilancia de los organismos de control.
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Liquidación del Ministerio de Igualdad: dos años de plazo y ningún plan de transición
Se recuerda que la Corte Constitucional declaró inexequible en mayo de 2024 la ley del Ministerio de Igualdad y que el decreto de liquidación del 19 de junio no definió el destino de sus programas.
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La Directiva 02 encarga a Función Pública reasignar los programas del Ministerio de Igualdad
Se detalla la directiva presidencial firmada por Abelardo de la Espriella, dirigida a Interior, Hacienda, Justicia, Función Pública y Prosperidad Social para ordenar funciones, proyectos y recursos.
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Procuraduría y Contraloría, invitadas a vigilar la liquidación del Ministerio de Igualdad
Se anuncia que los organismos de control acompañarán el proceso y que toda la rama ejecutiva apoyará al liquidador, con la promesa de no dejar sin protección a los grupos vulnerables.
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Colombianos, hoy quiero hablarles de derechos de millones de ciudadanos que la Constitución protege de manera especial,
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personas con discapacidad, mujeres, comunidades étnicas y otros sujetos de especial protección
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constitucional y de la negligencia con la que el gobierno anterior dejó Esos derechos colgando de un hilo.
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Comenzamos.
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En mayo de 2024, la Corte Constitucional declaró inexequible la ley que creó el
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Ministerio de Igualdad y Equidad y le dio al Estado un plazo generoso, dos legislaturas contadas desde julio de
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2024 para reorganizar con calma las funciones de esa entidad sin dejar a nadie desprotegido.
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Ese tiempo estaba pensado para hacer las cosas bien. El gobierno anterior tuvo dos años completos para planear una
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transición ordenada.
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¿Y qué hizo con ese tiempo? Nada.
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El pasado 19 de junio, con el plazo prácticamente agotado, expidió el decreto de liquidación sin definir, sin
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determinar y sin implementar ningún mecanismo para reubicar los programas, los proyectos y los recursos de esa
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entidad.
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2 años para planear y lo que dejaron fue un ministerio liquidándose en el aire sin que nadie supiera a dónde iban a
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parar los programas que atendían a la gente. Eso no fue un error de gestión, eso fue pura negligencia y negligencia
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con las personas más vulnerables del país.
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Y hay que decir algo de fondo, porque no se puede entender esta liquidación sin
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entender qué fue ese ministerio para quienes lo crearon. Se fundó como una vitrina ideológica. más preocupados por
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el discurso que por el resultado, más interesados en exacerbar una narrativa que en construir una institucionalidad
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sólida y duradera para proteger a quienes decían defender.
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Y cuando llegó la hora de cerrarlo, ese mismo gobierno que tanto habló de proteger a las personas más vulnerables,
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las dejó exactamente donde dijo que nunca las iba a dejar. expuestos, sin ruta, sin garantías, sin que nadie
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respondiera por ellos. Ahí está la contradicción de fondo. Mucha bandera y nada de responsabilidad.
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Por eso el presidente Abelardo de la Espiella firmó la directiva presidencial 02 dirigida al Ministerio del Interior,
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al Ministerio de Hacienda, al Ministerio de Justicia, al Departamento Administrativo de la Función Pública y al Departamento de Prosperidad Social.
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para darle orden a una situación que el gobierno anterior dejó hecha un desastre. La directiva es clara en
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cuatro puntos. Primero, todas esas entidades tienen que atender de manera oportuna cualquier requerimiento del
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liquidador para que el proceso avance sin trabas. Segundo, la función pública va a coordinar con las demás entidades
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un plan de acción concreto para identificar y reasignar de manera clara y ordenada las funciones, los programas,
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los proyectos y los recursos que quedaron sueltos para que nada se quede sin dueño. Tercero, se invita a los
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organismos de control, a la Procuraduría General de la Nación, a la Contraloría y a los demás a acompañar y vigilar este
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proceso, porque este gobierno no le teme que lo vigilen, todo lo contrario, prefiere que estos órganos lo acompañen.
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Cuarto, toda la rama ejecutiva queda comprometida a apoyar al liquidador y a la función pública en lo que sea
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necesario. Este gobierno no discute la decisión de la Corte. Lo que no puede aceptar y no va a aceptar es que la
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irresponsabilidad de quienes se fueron termine costándole la protección a la gente que más la necesita. Un ministerio
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se puede acabar, una bandera ideológica se puede guardar, pero los derechos de las personas con discapacidad, de las
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mujeres, de las comunidades étnicas y de los sujetos de especial protección constitucional no se liquidan con un
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decreto mal hecho. Esa es la diferencia entre gobernar con consignas y gobernar
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con responsabilidad. Cada día estamos más cerca de la patria Milagro.