La reforma evita volver a probar que el Tren de Aragua es una organización criminal

Lo que se dice

Y lo hacemos porque el país volvió a aprender por la vida más dura una verdad elemental. Sin seguridad, todos los demás derechos se vuelven ilusorios. De poco sirve la libertad de emprender si el comerciante vive bajo la extorsión. De poco vale la libertad de caminar si el vecino no se atreve a salir. De poco importa el derecho de la propiedad si una banda gobierna el barrio. La seguridad no compite con la libertad, la hace posible. La segunda cosa que hace esta reforma es habilitarnos para perseguir y encerrar con más eficacia. Hoy los fiscales deben probar causa tras causa no solo la pertenencia de una persona, sino la naturaleza de la misma organización con la nómina de organizaciones criminales calificada por el ejecutivo y con control del Senado. Lo que no habrá que demostrar desde cero una y otra vez es que el Trender agua es una organización criminal. La responsabilidad de cada imputado, por supuesto, siempre deberá aprobarse. Esa calificación activa un régimen integral y es decisivo en dos frentes. En las cárceles, un cabecilla que que conserva sus comunicaciones, su dinero y su cadena de mando no ha dejado de dirigir y la cárcel sigue mandando la calle. Solo cambió el domicilio y el patrimonio. Seguir la ruta del dinero, rastrearlo, congelarlo, incautarlo tempranamente y destruirlo. Al crimen se le golpea donde más le duele, en el bolsillo, en el dinero. Y la tercera cosa que hace esta reforma es crear una herramienta para recuperar territorios capturados por el crimen organizado y el terrorismo. Los estados de excepción que existen fueron pensados para guerras, catástrofes, desórdenes públicos. Ninguno fue diseñado para recuperar un barrio donde una banda decide quién entra y quién sale y a qué hora se circula. Ni para un funeral narco que obliga a cerrar escuelas. Es inaceptable que la autoridad conozca la amenaza, sepa que está desbordada y no pueda desplegarse.