Alocución del Gobierno de Colombia en el espacio «El Gobierno le habla a la Patria». Repasa la respuesta de Abelardo de la Espriella al oficio del presidente de la JEP y el presupuesto de 2027.
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Colombianos, la Aya no aprueba el presupuesto de Colombia, lo aprueba el Congreso.
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Comenzamos.
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El viernes, el presidente de la JEP, el magistrado Alejandro Rameli, mandó el oficio PRS 239
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2026 a la ciudadanía y a la Corte Penal Internacional.
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dijo que unas iniciativas legislativas y presupuestales que cursan en el Congreso afectarían la independencia y el
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funcionamiento de esa jurisdicción.
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O sea, envió un SOS al exterior como si debatir la plata de los colombianos
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fuera un atentado contra un juez. El presidente Abelardo de la Espriella le respondió de forma contundente y de
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frente. Le dijo que no comparte ni acepta el contenido, el alcance ni el tono de esa comunicación. le dijo que
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hoy no hay una sola decisión de este gobierno que permita afirmar y responsablemente que Colombia incumple
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sus compromisos internacionales.
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Que el gobierno fije una posición y que el Congreso discuta el presupuesto en lugar de ser una amenaza, es simplemente
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la Constitución funcionando. Además, le recordó los números desde 2018. La ha
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recibido del herario más de 3 billones de pesos. En 2025 se asignaron más de
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777,000 millones. En 2026 opera con cerca de 744,000
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millones. Para 2027 pidió 947,642
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millones. El proyecto le pone más de 821,000 millones de pesos. La plata no es
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infinita y así se lo dijo el presidente.
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Y como resulta que hay una proposición del senador Enrique Gómez para el presupuesto del año 2027, que consiste
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en trasladar 100,000 millones de pesos del funcionamiento de la GEP a la jurisdicción ordinaria que recibió el
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respaldo del presidente Abelardo de la Espriella. Entonces, el presidente de la JEP victimizándose habla de asfixia
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institucional como si proponer fuera aficia.
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Es una proposición de un senador, la discutirá el Congreso cuando corresponda. No es una decisión ya
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ejecutada y el presidente es totalmente libre de pronunciarse a favor de ella, como en efecto lo hizo, sobre todo en un
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marco de prioridades tan claras. El presidente lo dijo con absoluta determinación. Mi prioridad será
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fortalecer la justicia que atiende diariamente a todos los colombianos, la que combate la impunidad, la que protege
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a las víctimas, la que resuelve los conflictos reales de la ciudadanía. No considero, dijo el presidente, ni justo
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ni responsable seguir aumentando sin un examen riguroso de sus resultados el presupuesto de una jurisdicción
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especial, mientras la rama judicial, la jurisdicción ordinaria carece de los recursos indispensables para funcionar
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con eficacia y oportunidad.
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Y es que la razón está del lado del presidente. La rama judicial ordinaria tiene millones de procesos represados,
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despachos que de verdad están congestionados, gente que espera años una sentencia por hurto o que espera una
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pensión o por un homicidio o por un litigio de tierras. En fin, esa es la justicia del ciudadano de a pie y esa es
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la que está de verdad seca.
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La pregunta que el presidente le hizo al país y que la gente no puede evadir con una simple carta a la Corte Penal
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Internacional es otra. ¿Qué se ha hecho con los recursos que hasta ahora han recibido?
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¿Qué tanto se han beneficiado las víctimas de esos recursos? Las primeras decisiones restaurativas llegaron tarde,
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llegaron en 2025. El volumen de resultados no corresponde con el tamaño de ese aparato. Solo en 2026 la nómina
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de la JEP se estimó en más de 404,000 millones de pesos. El propio presidente de la GEP, como lo dijo el presidente de
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la Espiella, de unos 32 millones de pesos mensuales en 2018 pasó a ganarse más de 55 millones al mes con ingresos
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acumulados alrededor de 4,500 millones desde que es magistrado. Y eso, créanme,
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no vuelve intocable cada peso extra que ellos pidan, como lo ha reiterado el presidente Abelardo de las Piñas. Se
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respeta la independencia de los jueces para fallar, pero no tenemos por qué aceptar que la gestión administrativa se
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vuelva inmune al control, a la eficiencia y a la rendición de cuentas.
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Ellos también tienen que rendir cuentas.
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Cumplir el acuerdo no es de ninguna manera financiar sin medida una burocracia especial. Mientras tantos jueces de pueblo, jueces promiscuos, no
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tienen ni computador.
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En vez de estar denunciando una asfixia institucional que no existe, como bien
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se lo pidió el presidente de la piella, deberían contarle al país cómo planean, cómo ejecutan y por qué necesitan más
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plata en medio de una realidad fiscal tan estrecha como la que atraviesa nuestro país. Este gobierno, en lugar de
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tener una política de venganza contra la GEP, que no la tiene, lo que tiene es el deber de ordenar el gasto, de exigir
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resultados y de poner los recursos limitados del Estado al servicio de una justicia que de verdad le sirva al país
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y que de verdad le sirva a todos los colombianos, sobre todo a las víctimas.
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Esto se llama extrema coherencia y esto es cada día estar trabajando más por la
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patria Milagro.