Alocución del Gobierno de Colombia en el espacio «El Gobierno le habla a la Patria». Se detallan traslados de internos en Itagüí y Barranquilla, cárceles productivas y el proyecto de sometimiento.
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111 internos trasladados desde Itagüí y unos 50 en Barranquilla por orden presidencial
Se explica que el INPEC movió a cientos de presos para impedir que sigan coordinando delitos desde las cárceles y que el ministro Iván Cancino prepara controles tecnológicos y financieros.
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Los traslados en Barranquilla redujeron un 63% los indicadores de criminalidad
Se anuncian cárceles productivas para la resocialización y un proyecto de ley de sometimiento sin estatus político, mesas de diálogo ni zonas de concentración prolongadas.
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La ley de sometimiento no devolvería bienes ilícitos ni suspendería capturas ni extradiciones
Se detalla que los bienes entregados irían a reparar a las víctimas, que los ya capturados quedan fuera del mecanismo y que se estudian nuevas cárceles y un buque cárcel.
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Ordenada la instalación de un pabellón piloto de extremas medidas de seguridad
Se presenta la política penitenciaria como un modelo integral de control, justicia, sometimiento y resocialización para que el crimen no se dirija desde las celdas.
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Colombianos, una cárcel tiene que cumplir una función elemental. Quien está privado de la libertad no puede
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seguir dirigiendo el crimen desde adentro. Comenzamos.
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Durante demasiado tiempo, Colombia discutió las cárceles casi siempre desde la perspectiva del asinamiento, la
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infraestructura o las condiciones de reclusión. Pero hay una pregunta todavía
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más importante, ¿quién controla realmente una cárcel? Porque cuando desde un establecimiento penitenciario
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se pueden impartir órdenes, organizar extorsiones, coordinar homicidios o mantener redes criminales en las calles,
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el problema deja de ser exclusivamente penitenciario, se convierte en un problema ya de seguridad nacional y por
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eso el gobierno del presidente de la Piella comenzó a mover esas piezas. Por orden presidencial, el IMPEC ha
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trasladado cientos de personas privadas de la libertad para impedir que continúen coordinando actividades criminales desde sus establecimientos de
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origen. Entre esos movimientos están 111 internos trasladados desde Itahüí y dos
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operaciones en Barranquilla que involucran más o menos a 50 internos. El mensaje es muy simple. Una cárcel no
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puede convertirse en el centro de operaciones de organizaciones criminales y el ministro de justicia, el Dr. Iván Cancino, ha puesto el problema sobre la
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mesa con absoluta claridad. El gobierno está trabajando en mecanismos para cortar las comunicaciones ilegales desde
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las cárceles, fortalecer los controles tecnológicos y atacar también las plataformas financieras que permiten que
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una orden impartida desde una celda termine convirtiéndose en una extorsión en las calles. Según lo explicó el
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ministro Cancino, en Barranquilla los primeros traslados habrían estado acompañados de una reducción de
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aproximadamente el 63% en los indicadores de criminalidad durante los primeros días. Esta política tiene una
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segunda dimensión, resocialización real.
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No basta con el cerrar, hay que evitar que quien salga vuelva a delinquir. Por eso el gobierno está planteando el
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fortalecimiento de las cárceles productivas, establecimientos donde el trabajo, la formación y la preparación
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para la vida en libertad hagan parte efectiva de ese proceso de resocialización. Quien está pagando una
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condena debe tener la posibilidad de adquirir herramientas para regresar a la sociedad. sin volver a esas estructuras
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criminales. Autoridad para quien continúa delinquiendo oportunidades de resocialización para quien cumple la
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ley. Ya lo hemos dicho, el gobierno prepara un proyecto de ley de sometimiento que será presentado
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próximamente al Congreso. Hay que entender exactamente de qué se trata el proyecto. Como lo ha explicado el mismo
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ministro, Dr. Cancino no contempla estatus políticos, mesas de diálogo ni zonas de concentración prolongadas. La
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ruta sería judicial y estaría sometida a la ley y a la Constitución. Quien quiera someterse tendría que hacerlo bajo unas
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condiciones concretas, puntuales.
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¿Verdad? Entrega de armas, información sobre las estructuras y sus economías ilícitas,
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reparación a las víctimas, garantías de no repetición y algo especialmente importante, entrega de los bienes
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adquiridos de manera ilícita. El proyecto no contempla devolver a los sometidos un porcentaje de esos bienes,
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como se ha rumorado. Su destinación estaría vinculada a la reparación de las víctimas y al cumplimiento de las
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obligaciones establecidas en la ley.
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También hay una regla que marca una diferencia fundamental. Someterse no significa quedar libre. Las órdenes de
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captura no se suspenderían por el simple hecho de ingresar al proceso y la extradición tampoco quedaría suspendida.
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Además, quienes ya estén capturados no entrarían en este mecanismo especial de
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sometimiento, según la propuesta explicada muchas veces ya por el ministro Cancino. Y la víctima tendría
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además un papel de verdad central. El proyecto contempla que determinadas decisiones sobre beneficios estén
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condicionadas a la participación y al concepto de las víctimas dentro de las reglas que finalmente se aprueben en el
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Congreso. Tenemos claro en el gobierno que una política criminal que pretende cerrar un ciclo de violencia en nuestro
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país no puede mirar solamente al victimario, tiene que mirar primero a quienes sufrieron el daño. Adicional a
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lo anterior, hay otra pieza de este nuevo modelo que merece especial atención, la infraestructura. El
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gobierno estudia la construcción de nuevas cárceles, incluso mediante alianzas público-privadas con énfasis en
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establecimientos productivos y en instalaciones capaces de garantizar mayores niveles de seguridad. También
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está en estudio el proyecto de un buque cárcel para personas que requieren condiciones excepcionales de
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aislamiento, según lo ha explicado el presidente Abelardo de la Priella y el ministro Cancino en Girón. Además, el
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presidente ordenó la instalación de un pabellón piloto de extremas medidas de seguridad, cuyo modelo será presentado
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próximamente por el gobierno.
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Compatriotas, lo que está cambiando en las cárceles tiene que entenderse como una política integral. Control para
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impedir que desde una celda se siga delinquiendo. Justicia para quien ha cometido un delito. Sometimiento para
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quien decida abandonar la criminalidad bajo las reglas que establece la ley y resocialización para quien tenga que
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regresar algún día a la sociedad. La cárcel tiene que dejar de ser uno de los eslabones débiles del Estado. Tiene que
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ser un lugar donde se cumpla una condena, se proteja a la sociedad, se respeten los derechos de las personas
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privadas de la libertad y cuando sea posible se prepare su regreso a la vida civil, a la vida legal. Este es el
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desafío que tiene por delante el gobierno del presidente de la Espieella.
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Que desde las cárceles no gobierne el crimen, que la justicia vuelva a gobernar las cárceles. Es así como
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trabajamos para estar cada día más cerca de la patria Milagre.