Alocución del programa del Gobierno de Colombia sobre el traslado preventivo de estudiantes en Teruel, Huila. Se repasan los ataques con drones contra la alcaldía y la estación de policía, la alerta temprana 016 de la Defensoría y la jornada del ICBF.
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Un dron con explosivos golpea la alcaldía de Teruel y 300 alumnos salen de la sede contigua
El relato detalla que el colegio Misael Pastrana Borrero funcionaba junto a la estación de policía del municipio huilense, alcanzada el 7 de agosto por un explosivo lanzado desde un dron.
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Los estudiantes pasan a la sede Jaime Losada con clases en alternancia
La Secretaría de Educación del Huila ordenó el traslado preventivo sin descuentos salariales a docentes y manteniendo el programa de alimentación escolar, nueve días antes de un nuevo ataque con…
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El ICBF atiende a 100 alumnos de noveno y décimo con una unidad móvil en la nueva sede
Profesionales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar realizaron una jornada pedagógica sobre emociones y violencia, y se reunieron con la mesa de víctimas y las secretarías del municipio.
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Colombianos, hasta mediados de octubre, cerca de 300 estudiantes de Teruel en el
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Hila entraban a clase en un colegio que queda junto a la estación de policía.
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Esa estación funciona en el mismo edificio de la alcaldía municipal y ese
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edificio ya había recibido un explosivo lanzado desde un dron. Hoy esos
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estudiantes reciben clase en otra sede y 100 de ellos trabajaron hace poco con un
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equipo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar del ICBF.
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Y vale la pena contar ese cambio porque responde a una pregunta que se haría
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cualquier padre de familia. ¿Quién acompaña a mi hijo cuando la violencia
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lo obliga a cambiar de colegio? Comenzamos.
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El colegio es la institución educativa Misael Pastrana Borrero y su sede
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principal está en el casco urbano al lado de la estación de policía. El 7 de
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agosto, un explosivo lanzado desde un dron golpeó el edificio donde funcionaba
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la alcaldía y todavía funciona y donde funciona también la policía y dejó
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varios heridos. Ese riesgo estaba advertido por escrito. La Defensoría del
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Pueblo emitió ese mismo año 2026, este año la alerta temprana 016 para varios
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municipios del departamento del Huila, entre ellos Teruel. Una alerta temprana
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es un aviso formal que sale de la Defensoría del Pueblo y que les entrega
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a las autoridades cuando ve en peligro a la población civil para que actúen antes
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de que ocurra lo peor. Esta alerta temprana trae 19 recomendaciones y habla
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de homicidios, extorsiones y riesgo de reclutamiento de menores.
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Con esa alerta sobre la mesa y después de un consejo de seguridad, la
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Secretaría de Educación del Departamento del Huila expidió a comienzos de octubre
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de este mismo año una directiva para el traslado preventivo de los estudiantes
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de la sede principal. Su criterio cabe en una sola línea, primero la vida de
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los estudiantes y después el calendario escolar. ¿Qué fue lo que ocurrió? Los
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estudiantes pasaron a la sede Jaime Losada. La secretaría dispuso que el
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traslado no trajera descuentos en el salario de los docentes y de los
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directivos, que siguiera funcionando el programa de alimentación escolar, el
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PAE, y que hubiera acompañamiento psicosocial. Según los medios locales,
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las clases quedaron en alternancia con grupos que van dos días a la semana a la
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sede de manera presencial y el resto del tiempo trabajan desde casa. Fue una
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decisión que algunos padres cuestionaron. El alcalde, el señor
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Germán Morales, reconoció ese desacuerdo y explicó que la medida se tomó para
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proteger a los estudiantes, para proteger a los jóvenes. Pocos días
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después del traslado, el 16 de octubre, varios explosivos lanzados con drones
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cayeron otra vez sobre el edificio de la estación y de la alcaldía. Un policía
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resultó herido y el palacio municipal quedó con daños en paredes, en techos y en ventanas. Para entonces los estudiantes ya estaban en la otra sede.
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Cambiar de edificio protege el cuerpo, protege la parte física, pero lo que un
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adolescente vive por dentro necesita otro tipo de cuidado. Por eso llegó a la
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nueva sede la unidad móvil del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar con un
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equipo de profesionales. Allí ese equipo trabajó con 100 estudiantes de noveno y
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de décimo grado. son uno de cada tres alumnos trasladados. En una jornada
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pedagógica, los muchachos hablaron de sus sentimientos, de sus emociones y de lo que han vivido frente a la violencia. Y como parte de la actividad plasmaron
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sus huellas en el colegio como un gesto simbólico. Los profesionales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar guiaron la actividad y abrieron
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espacios para escuchar y para que cada uno participara. La visita tuvo una
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segunda parte menos visible, pero igualmente importante. El equipo del ICBF se reunió con la mesa de participación de víctimas, la Secretaría
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de Gobierno, el enlace de víctimas, la Secretaría de Salud e Inclusión Social, la Comisaría de Familia y las directivas del mismo colegio. El propósito fue
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coordinar nuevas acciones y atención y protección para los niños, para los
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adolescentes del municipio, de modo que el acompañamiento continúe después de la
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jornada. Entonces, volvamos a la pregunta del padre de familia. Enteró él, a su hijo lo acompañan varias manos a la vez. la Secretaría de Educación que
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lo sacó del lugar de riesgo, los docentes que siguen enseñando en otra
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sede, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que llegó a escucharlo y las oficinas del municipio que ahora se sientan en la misma mesa
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para cuidarlo. El regreso a la sede principal dependerá de una evaluación de
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seguridad y esa tarea sigue abierta. Mientras tanto, la responsabilidad del Estado es que estos 100 muchachos y los demás que cambiaron de sede no sientan
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que la violencia les quitó a quién acudir. Proteger primero, escuchar
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después y no dejarlos solos es la manera de cuidar el futuro de una región. Y esa
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es una obligación de este gobierno, un gobierno que no descansará hasta acercar
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al país, cada vez más a la patria Milagro.