La Ley de Escuelas Protegidas da nuevas herramientas a los colegios tras el ataque

Lo que se dice

escolares pueden tener para enfrentarlo. Tras el terrible ataque sufrido en un colegio de Calama, las dirigentas de padres y apoderados fueron muy claras cuando nos pidieron medidas concretas y decididas que les pudieran dar mayor tranquilidad, como decía el alcalde, a la hora de dejar a sus hijos en el colegio. Porque el espacio escolar debiera ser sagrado y todos debiéramos alinearnos en el objetivo de que hechos tan lamentables no traspasen sus fronteras. Pues bien, fruto de un trabajo con el mayor sentido de urgencia, hoy día estamos dando un paso clave justamente en esa dirección de poder resguardar aquello. Como gobierno hemos trabajado para entregar respuestas concretas y la ley escuelas protegidas así lo evidencia. Esta ley permite entregar herramientas para que los establecimientos educativos puedan llevar adelante tareas eh que antes no podían enfrentar. Así también esta es una ley que permite formalizar prácticas que los establecimientos y los equipos escalares ya estaban requiriendo, pero que hoy día van a tener un marco legal que les va a dar certeza, que les va a dar respaldo y que también les va a dar confianza para poder implementarla. En primer lugar, esta ley faculta a los docentes a tomar medidas correctivas con foco con efecto inmediato para poder mantener el orden en la sala de clases y así evitar que situaciones normales de la convivencia no se agraven. y también introduce filtros para la presentación de denuncias por problemas de convivencia a la superintendencia. De este modo le damos a los equipos escolares un respaldo explícito a su labor formativa, favoreciendo que los conflictos propios de la convivencia se puedan abordar al interior de la escuela y que sean una instancia de aprendizaje para los estudiantes. Queremos terminar con una lógica en que los equipos escolares destinan demasiado tiempo a trámites y procedimientos en lugar de estar resolviendo los problemas que afectan directamente a sus comunidades. Por eso, la ley promueve la gestión colaborativa de los conflictos y reserva la intervención correspondiente para aquellos casos en que existan delitos o vulneraciones de derecho fundamental. Así también, como se ha señalado, la ley fortalece las capacidades de los establecimientos para poder prevenir e impedir situaciones de violencia que ya