111 internos trasladados desde Itagüí y unos 50 en Barranquilla por orden presidencial

Lo que se dice

Colombianos, una cárcel tiene que cumplir una función elemental. Quien está privado de la libertad no puede seguir dirigiendo el crimen desde adentro. Comenzamos. Durante demasiado tiempo, Colombia discutió las cárceles casi siempre desde la perspectiva del asinamiento, la infraestructura o las condiciones de reclusión. Pero hay una pregunta todavía más importante, ¿quién controla realmente una cárcel? Porque cuando desde un establecimiento penitenciario se pueden impartir órdenes, organizar extorsiones, coordinar homicidios o mantener redes criminales en las calles, el problema deja de ser exclusivamente penitenciario, se convierte en un problema ya de seguridad nacional y por eso el gobierno del presidente de la Piella comenzó a mover esas piezas. Por orden presidencial, el IMPEC ha trasladado cientos de personas privadas de la libertad para impedir que continúen coordinando actividades criminales desde sus establecimientos de origen. Entre esos movimientos están 111 internos trasladados desde Itahüí y dos operaciones en Barranquilla que involucran más o menos a 50 internos. El mensaje es muy simple. Una cárcel no puede convertirse en el centro de operaciones de organizaciones criminales y el ministro de justicia, el Dr. Iván Cancino, ha puesto el problema sobre la mesa con absoluta claridad. El gobierno está trabajando en mecanismos para cortar las comunicaciones ilegales desde las cárceles, fortalecer los controles tecnológicos y atacar también las plataformas financieras que permiten que