Las autoridades militares conservan la facultad de suspender

Lo que se dice

manos criminales. Ahí es donde el Estado tiene que concentrar buena parte de su fuerza y lo está haciendo. El Estado conserva intacta toda su capacidad de control. Las autoridades militares mantienen la facultad de expedir, revalidar, suspender, cancelar y revocar permisos. La policía y las demás autoridades siguen con plena capacidad de inspección, vigilancia y cautación y de comiso. Y los sistemas de registro y trazabilidad van a seguir funcionando para verificar quién tiene un permiso vigente, qué arman para ese permiso y qué circunstancias podrían llevar a suspenderlo, cancelarlo, revocarlo, incautarlo o decomizarlo. El presidente de la Espiella está restableciendo el régimen ordinario de los permisos, tal como lo prometió, con la reglas establecidas por la ley, con los mismos controles y con la autoridad del Estado, plenamente vigente. Que quede claro. El Estado mantiene el monopolio sobre las armas. El porte sigue sometido a permiso. Los permisos tienen que estar vigentes. Las armas tienen que estar debidamente amparadas. Las restricciones continúan y las autoridades conservan intactas sus facultades para suspender, cancelar, revocar, incautar y decomizar cuando la Constitución y la ley así lo determinen. Lo que desaparece es la suspensión general que impedía el ejercicio ordinario de los permisos que ya cumplían con todos los requisitos. Ese es el alcance real de este decreto 1368 del 8 de septiembre de 2026 que acaba de firmar el presidente Abelardo de la Espiella. Ni 1 milro más ni 1 milro menos. Ahora corresponde a las