Los terceros que acompañen a las comunidades no tendrán vocería en la consulta previa

Lo que se dice

jurídica absoluta a las comunidades étnicas, a las autoridades públicas y a quienes promueven las inversiones que el país necesita. El primer gran hito de esta directiva es devolverle la voz a quien realmente le pertenece, a la comunidad. La instrucción del presidente es que el diálogo intercultural se adelante a través de las instituciones representativas y de las autoridades legítimamente reconocidas por las comunidades. ¿Qué significa esto en la práctica? Que la participación de personas o terceros que acompañen a las comunidades durante el proceso no les atribuye de ninguna manera la representación ni la vocería de las mismas. La presencia de un tercero, por muy bien intencionado que este sea, jamás podrá sustituir la deliberación ni la capacidad de decisión de las autoridades propias de la comunidad. Con esta regla blindamos a nuestras minorías y garantizamos que la consulta previa no se desvíe hacia dinámicas que la convierten en un simple escenario de negociación económica o en una transacción sobre derechos. El segundo eje transformador es la tecnología al servicio de la agilidad. Ya es hora de que el Estado actúe como un solo cuerpo inteligente. La directiva ordena la aplicación transversal de la política de gobierno digital y lo que se conoce como la interoperabilidad. A partir de ahora, la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa, o sea, la D A N C P, accederá directamente a la información territorial, ambiental, minera y energética del Estado, evitando pedirle a los ciudadanos o a las entidades documentos que el gobierno ya tiene.